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LA TRAMA OCULTA DE UNA DEMOCRACIA TUTELADA

LA TRAMA OCULTA DE UNA DEMOCRACIA TUTELADA

 

 El mayor castigo para quienes no se interesan por la política es que serán gobernados por personas que sí se interesan.                 Arnold J. Toynbee

                 Algún lector desprevenido podría esperar, de acuerdo al título de esta nota, encontrarse con un relato “conspiranoico” del estilo Código da Vinci. Lamentamos decepcionar a quienes puedan caer en tal equívoco, ya que si bien el tema que nos ocupa refiere a personas  y situaciones de ribetes  oscuros, lejos está de la ficción ya que su trama es bien real, sus protagonistas conviven entre nosotros y sus actos afectan las bases de nuestra sociedad.

                    Nunca fuimos afectos a las teorías conspirativas que pulularon en occidente a lo largo de todo el siglo pasado  y que, aun en la actualidad, gozan de un espacio importante en el imaginario de mucha gente. No es que rechacemos  la existencia de grupos, sectas y logias poseedoras de poder político y económico que desde lugares “no visibles” de la sociedad, ejercen presión, manipulando personas e instituciones de todo tipo en pro de sus intereses.

               En el párrafo anterior nos referíamos a estos enemigos de la democracia, que subsisten y acechan  en las sombras, procurando operar para sacar ventaja. Si bien hay que estar atentos a los embates de estos “carroñeros”, su modus operandi es bastante detectable. El sistema ha desarrollado buenas herramientas para frenar sus incursiones deshonestas.

                     En esta ocasión, nuestra preocupación apunta hacia otros enemigos ocultos, insertos en las entrañas mismas de nuestro sistema democrático. Están  diseminados por todos los estamentos políticos y administrativos de la estructura del estado, y por sus características difusas y complejas son  difíciles de detectar. No responden a un poder específico, ni siquiera actúan coordinadamente entre sí, pero están en todas partes ejerciendo una permanente y distorsiva presión sobre el funcionamiento natural  de los procesos democráticos. Al no responder a ninguna figura clásica o convencional, estos “poderes ocultos y paralelos” resultan difíciles de “corporizar”, por lo cual recurriremos a algunos ejemplos demostrativos para describir sus acciones y las consecuencias nefastas de su accionar.

                     Para muestra de lo que decimos basta con citar algunos hechos recientes donde se evidencian las prácticas mencionadas: Durante la corrida bancaria en el gobierno de Jorge Batlle se comprobó la participación de personajes que jugaban en ambos lados del mostrador, que contaron con información privilegiada para salvaguardar sus intereses por encima de los de la comunidad. Las maniobras fraudulentas de banqueros inescrupulosos fueron conocidas cuando ya nada podía hacerse para reparar los daños. Al final, y como siempre ocurre, fuimos todos los ciudadanos los que tuvimos que pagar por los errores, conciliábulos, falta de control, y malas decisiones de los gobernantes de turno.

                El cierre de PLUNA es otro ejemplo ilustrativo reciente del secretismo con que se movieron, en este caso las autoridades frenteamplistas, quienes llevaron adelante todo tipo de maniobras de dudosa legalidad, ocultando a la ciudadanía el verdadero tenor de lo que hacían. El fracaso final, también en este caso lo está pagando Juan Pueblo.

            Sigamos con los Gobiernos Departamentales. Las Intendencias han sido administradas, en las últimas décadas,  por representantes de los tres partidos tradicionales. La discrecionalidad con que las autoridades departamentales  han manejado los recursos financieros ya son parte del folclore nacional. Tan es así que dos por tres nos llegan noticias de desvíos de fondos, inversiones desmedidas, gastos injustificados, financiamiento de proyectos sin la aprobación correspondiente, en fin, un sin número de anomalías que se repiten a lo largo y ancho del País. Estas manipulaciones llevaron a la quiebra a varios gobiernos departamentales, dejando a las nuevas autoridades electas  sin recursos para cumplir con los compromisos básicos como los sueldos de los funcionarios y el pago de servicios esenciales. Estas desprolijidades fueron ocultadas a la ciudadanía durante las campañas electorales con el propósito más que obvio de evitar la pérdida de votos. He aquí un ejemplo claro del accionar del “poder oculto” en los gobiernos  departamentales.  Las consecuencias de  estas desviaciones  recayeron, como siempre, sobre las espaldas de los contribuyentes.

              Las FFAA ocuparían varios capítulos en esta saga de ocultamientos y conspiraciones. Desde la salida política de 1985 (también rodeada de secretos que nunca fueran aclarados)  las FFAA no terminan de incorporarse plenamente a las reglas del juego democrático. A lo largo de estos años se registran varios episodios donde los uniformados actuaron desconociendo el orden establecido, lo cual pone en evidencia la existencia de acciones  por fuera de las normas y leyes vigentes. Recientemente  salió a la luz un gran operativo de espionaje montado por el ejército   y liderado por un Coronel ya fallecido. Este oficial realizó durante varios años, en pleno período democrático, escuchas telefónicas y seguimientos a autoridades políticas y civiles, conformando un voluminoso archivo que hoy se encuentra en manos de la justicia. No se sabe aún a que jerarquías respondía su accionar ni cuáles eran los fines de la información recabada. Como de costumbre, quienes deberían explicar estos desbordes, no dicen nada o se amparan en “el secreto de pre sumario” que se ha vuelto la excusa preferida de los jerarcas a la hora de eludir respuestas.

                   La Educación tampoco escapa a esta epidemia conspirativa. Se puede observar en las contradicciones entre los anuncios grandilocuentes de Ministros y Consejeros y el estancamiento y retroceso que muestra la realidad del sistema educativo. Otro ejemplo es la lucha interna de poderes y la inoperancia de Consejos Directrices cuyos integrantes ni siquiera hablan entre sí,  muestra  clara del escamoteo que se le quiere hacer a la población, cuando declaran “pour la gallerie”, que “todo está funcionando según el cronograma establecido”.

                     Para completar el escenario descripto, no podemos dejar de referirnos al  Sistema de Justicia cuyo estado calamitoso  lo ha llevado al incumplimiento del pago de sus obligaciones básicas y al cierre de sedes judiciales en distintas partes del País. Paradojicamente, nuestros representantes recurren a la Justicia para sacarse de encima asuntos engorrosos que no han sabido resolver, realizando denuncias de abusos y presuntos delitos de corrupción, ante una Justicia hemipléjica, carente de infraestructura y recursos técnicos y económicos  que, nadie parece tener apuro en subsanar.

                      Y siguen los ejemplos… Más atrás en el tiempo: los casos de “El cangrejo rojo” de  Julio Luis Sanguinetti, el banco Pan de Azúcar y Banco de Seguros del dúo Grenno-Cambón. O más acá,  los misterios y secretismos de las tratativas para el Trade in Services Agreement (TISA) conducidos por el Canciller Nin Novoa. La dilucidación de la deuda del grupo Casal con la DGI, tan controvertida y generadora de rumores  que nadie nunca se molestó en aclarar. El caso de los ex presos de Guantánamo  vale como ejemplo también ya que siguen surgiendo interrogantes acerca de que fue lo que realmente acordaron Uruguay y USA sobre este delicado asunto.

                   La lista de ejemplos sería mucho más extensa, pero creemos que con los citados alcanza para ilustrar nuestras reflexiones.

                  Nuestro sistema Democrático cuenta con recursos y herramientas destinadas a proteger “El rico patrimonio de los Orientales” que a todas luces hoy resultan insuficientes. Algunos de los órganos de contralor interno del sistema, como el Tribunal de Cuentas, pasan a ser figuras decorativas pues cuando detectan violaciones de las normas vigentes, carecen de poder sancionatorio, pudiendo únicamente emitir observaciones que  nadie respeta y que terminan “cajoneadas” en el Palacio de las Leyes. Es curioso que el poder político no haya dotado al TCR de potestades punitivas siendo éste una de las pocas barreras legales existentes, para frenar los excesos y discrecionalidad de quienes administran  los bienes públicos. ¿Para que seguir manteniendo una estructura costosa, integrada por valiosos recursos humanos que no cumple con su principal  objetivo? Sabemos que para otorgar  potestades sancionatorias al TCR se requiere del consenso político que permita legislar al respecto. ¿Por qué no se logra?

                    Una explicación posible para seguir manteniendo al TCR tal como está, podría ser que su actual inoperancia es funcional a los manejos ocultos y discrecionales  practicados por todos los sectores políticos.

                   Estos excesos y desbordes de autoridad que ocurren tanto en la Administración central, como en los Entes Públicos y en los Gobiernos Departamentales, han ido generando espacios que son como agujeros negros del sistema en donde se realizan todo tipo de pactos y acuerdos y se toman decisiones a espaldas de la ciudadanía.

                     Para colmo de males, como si estas desviaciones enumeradas no fueran lo suficientemente dañinas, el Estado actúa a la inversa de lo que requieren las circunstancias, en lugar de fortalecer sus pocas y limitadas herramientas de contralor, las debilita   retaceando sus potestades y recursos económicos. ¿Como se explica esta contradicción? Tal vez se deba a la falta de interés del propio sistema político que se ha vuelto poco afecto a la interpelación y la transparencia. Esto, a su vez, va de la mano con la discrecionalidad creciente  y notoria con que las autoridades de turno manejan los asuntos y bienes del Estado.

                    Frente a toda esta evidencia de confabulaciones, ante tanto escamoteo de información a la población,  lo primero que surge es  la enorme falta de transparencia en la gestión pública por parte de gran parte de las jerarquías políticas y el resto de los altos funcionarios del estado. Es notoria además su creciente inclinación a resolver asuntos de alto interés para los destinos del País, por fuera de los ámbitos oficiales y ocultando a la población los entretelones que conducen a la toma de decisiones que comprometen los intereses de todos.

                     Estas indebidas y generalizadas atribuciones han ido construyendo un andamiaje de poder secreto y paralelo que gobierna a espaldas de la población.

                  Demás está decir que estas carencias y desviaciones configuran una grave amenaza para el sistema democrático. Una democracia madura y saludable no necesita la tutela de ningún “iluminado” que se adjudique derechos y atribuciones que el soberano nunca le concedió. Las reglas del juego son muy claras y todos las conocemos. Quienes tuvimos la desgracia de haber  vivido la caída de las Instituciones, debiendo transitar la larga noche de una feroz e inepta dictadura,  sabemos bien que la debacle es el resultado de un largo proceso de deterioro que comienza con el alejamiento de los principios democráticos y el manoseo de las leyes que los sostienen.

                      La Democracia es el mejor sistema político que conocemos, ya que si bien tiene ciertas vulnerabilidades y quizás algunas imperfecciones, también posee los mecanismos para   adaptarse a los cambios y las distintas circunstancias que se van sucediendo en la evolución humana. Requiere, eso sí, de Lideres capaces, honestos y transparentes, que sean respetuosos de la Constitución y las leyes y que además tengan bien en claro aquello de que “Su autoridad cesa ante la presencia del soberano”.

                  ¿Qué hacer para frenar y revertir este grave y sistemático ataque al corazón mismo de la Democracia? No creemos que exista ninguna solución sencilla ni cortoplacista, pero estamos seguros que debemos ocuparnos en encontrar urgentemente la forma de detener y revertir estas deviaciones antes que conviertan al sistema democrático en una triste cáscara sin contenido.

                 Los ciudadanos deberíamos exigir a nuestros representantes más transparencia en todos sus actos públicos y que abandonen esa postura tutelar que nadie les concedió. Debemos exigir a los señores legisladores, y autoridades públicas que dejen de filtrar la información que debe llegar a la gente pura y dura, sin cortapisas. No se debe gobernar subestimando a los electores.

                        Si negarle a la población el derecho a saber cómo y de qué forma gestionan y administran el patrimonio nacional ya es un hecho grave, resulta inadmisible y patético que ante el fracaso de sus malas decisiones ni siquiera tengan, el mínimo decoro de asumir responsabilidades.

                          Decíamos al comienzo de esta nota que no somos afectos a las teorías conspirativas y una de las razones es que por lo general, dichas teorías plantean intrincados procesos con ramificaciones infinitas, sombríos personajes  y misterios de todo tipo cuyo mensaje o conclusión final, invariablemente termina en un callejón sin salida al que la justicia no llega y donde el mal se perpetúa inexorablemente. Tal vez nuestro rechazo a estas teorías  se deba a nuestro espíritu justiciero-romántico que admira a Discépolo pero no se resigna al desolador mensaje de su inmortal Cambalache.

                          Corresponde puntualizar que no siempre las prácticas señaladas responden a intereses mezquinos, nos consta que  las hay inspiradas en nobles valores, cuyos postulados y acciones están dirigidos a beneficiar al conjunto de la sociedad. De todos modos, la nobleza de los fines  no justifica su proceder ya que los medios utilizados invalidan sus buenas intenciones.

              Quienes reconocemos en la Democracia el sistema político más adecuado para administrar los destinos de una Nación, no podemos ni debemos admitir, bajo ningún concepto, la manipulación y/o injerencia en los grandes temas que conforman la estructura socio-político-cultural del país, por parte de ningún individuo, grupo, secta o corporación ajena a las estructuras oficiales del Estado.

                Habrá que trabajar muy duro desde la raíz, para cerrar definitivamente estos resquicios que horadan la esencia democrática. No bastará con que los ciudadanos alcemos la voz o castiguemos con nuestro voto a los responsables de estos abusos de poder. Es desde la cuna que habrá que trabajar con las nuevas generaciones, predicando con el ejemplo y rescatando los auténticos valores democráticos para retomar la senda perdida en pos de la institucionalidad más pura que seamos capaces de construir.

                 La izquierda uruguaya perdió la gran ocasión de profundizar y restaurar la Democracia a partir del inspirador legado Artiguista que la acompañó en su largo camino hacia la obtención del Gobierno Nacional. El FA recibió el respaldo mayoritario de la ciudadanía en las urnas cumpliendo un sueño que durante mucho tiempo y para varias generaciones pareció inalcanzable. Accedió al gobierno con mayorías parlamentarias, lo cual alentó más aun las expectativas de miles de compatriotas que avizoraban los cambios tan largamente soñados. Poco duró la alegría. El FA  cayó  en le redada, y a poco de acceder al gobierno se contagió de manipulitis, secretitis, ocultitis y discresionitis, virus de los que estuvo a salvo mientras fue oposición.

               La Democracia, debilitada y disminuida por casi cien años de gobiernos conservadores que no supieron o no quisieron potenciar y proyectar al Uruguay hacia una situación de bienestar social  más destacada,  está perdiendo una gran oportunidad de resurrección con el accionar de una izquierda con la mayoría de sus dirigentes tibios y aburguesados, que en lugar de ocuparse de los grandes temas nacionales , consumen su tiempo haciendo cálculos electoreros y  barriendo bajo la alfombra las imposturas e incompetencia de  algunos “destacados” compañeros.

                    En estos tiempos en que no resulta fácil ser optimista, tendremos que hacer un gran esfuerzo para poner la casa en orden. Las grandes reformas que el país necesita están arriba de la mesa y son por todos conocidas, para cristalizarlas se necesitan políticos comprometidos con las causas nacionales, que trabajen con la gente y no a sus espaldas y que de una vez por todas dejen de ver a la política como una escalera al poder y un medio para ascender en la escala social.

Gracias por su tiempo y hasta pronto.

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